<p><em><strong>Sergio Grez Toso</strong> (Santiago, 1953) es un historiador chileno. Su obra historiogr&aacute;fica est&aacute; centrada en el movimiento popular y la cuesti&oacute;n social en Chile. En 1976 parti&oacute; al exilio. Radicado en Francia, obtuvo la Licenciatura en Historia (1980) y el grado de Mag&iacute;ster en Historia (1982) por la Universit&eacute; de Paris VIII, Francia. Luego hizo el doctorado en Historia en la &Eacute;cole des Hautes &Eacute;tudes en Sciences Sociales de Paris, Francia (1990). Desde 1992 se ha desempe&ntilde;ado como profesor en distintas universidades e instituciones acad&eacute;micas chilenas. Entre 1994 y 1997, fue investigador del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. Entre noviembre de 1997 y febrero de 2010, ejerci&oacute; el cargo de director del Museo Nacional Benjam&iacute;n Vicu&ntilde;a Mackenna. En 2005—2009, fue director del Mag&iacute;ster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS. Desde marzo de 2010, funge como profesor de jornada completa del Departamento de Ciencias Hist&oacute;ricas de la Universidad de Chile. En 2011—2013, fue Coordinador Acad&eacute;mico del Doctorado en Historia de la Universidad de Chile. Actualmente se desempe&ntilde;a como acad&eacute;mico en el Departamento de Ciencias Hist&oacute;ricas de la misma universidad. Desde agosto de 2019 es el director de la revista “Cuadernos de Historia” editada por dicha unidad acad&eacute;mica.</em></p>

Las preguntas que a continuación se formulan disponen de un contexto que ayuda a comprender mejor las causas y orígenes de las movilizaciones sociales y políticas que, arrancando en 2011 o antes, tuvieron un momento culminante en el llamado “estallido social” de 2019. Después de aquella convulsión política, sobrevinieron años de ajustes y de búsqueda de un nuevo orden institucional del país. Este proceso histórico ha tenido dos aspectos de consideración: la constitución de la Convención Constitucional con la misión de modificar sustancialmente la organización política nacional, y la llegada al poder de una fuerza de centro izquierda encabezada por el exlíder estudiantil Gabriel Boric. A Boric le corresponde impulsar un gobierno que se haga cargo de la crisis político-institucional y sea capáz de atender a un conjunto de demandas populares que plantean un cambio radical del actual sistema de justicia social.

<strong>—</strong><strong> </strong><strong>Dados estos antecedentes y apertura de expectativas, ¿Le parece a Ud. que el país experimenta una nueva fase de reordenamiento social, económico e institucional, como lo fue, por ejemplo, la década de los años 20 del siglo pasado? ¿Qué diferenciaría la coyuntura actual de lo sucedido en ocasiones anteriores?</strong>

<strong>—</strong> Si bien es evidente que Chile se encuentra, desde finales de 2019, en una fase de reordenamiento institucional como resultado de la acción contradictoria (dialéctica) de la rebelión popular y del “Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución” contraído el 15 de noviembre de ese año por la mayoría de las fuerzas representadas en el Parlamento, a fin de contener, desviar y apagar el “estallido social” que amenazaba el sistema, no está igualmente clara la dirección que tomará este reordenamiento. Aunque el levantamiento popular de fines de 2019 y comienzos de 2020 se produjo contra los efectos más nocivos del neoliberalismo y contra el sistema político de democracia protegida y tutelada, no está dicho que los acontecimientos en curso desembocarán en la superación efectiva del orden actual. El análisis de los principales hechos políticos de los últimos meses -llegada de Gabriel Boric a la Presidencia de la República y avance de los trabajos de la Convención Constitucional- indica más bien que los cambios serán esencialmente formales y discursivos, sin alterar profundamente las estructuras de dominación. Los grandes intereses económicos de la oligarquía financiera chilena y de las empresas transnacionales no están amenazados por las reformas anunciadas por el nuevo gobierno ni por las disposiciones de la nueva Constitución que han sido aprobadas hasta ahora por la Convención Constitucional. Más aún, los derechos sociales que al parecer quedarían inscritos en la nueva Constitución (si es que la opción Apruebo gana en el plebiscito de salida programado para el 4 de septiembre de este año), pueden ser letra muerta si en la misma Constitución no se establecen normas y mecanismos que permitan la nacionalización de recursos estratégicos como el cobre y el litio (entre otros), la formación expedita de empresas estatales, la restricción del derecho de propiedad privada según dicten las consideraciones de bien público, sociales y medioambientales, además de la posibilidad de que la ciudadanía haga exigibles los derechos proclamados. Porque es de Perogrullo que sin financiamiento proveniente de sectores nacionalizados (a menos de que se obtenga con el riesgoso expediente de imprimir billetes sin respaldo efectivo o contraer deuda internacional), no habrá derechos sociales garantizados. Ni el proceder del gobierno de Boric, ni las normas aprobadas hasta este momento en la Convención Constitucional van en el sentido indicado, lo que permite prever un escenario de reformas superficiales, concebidas más bien como mecanismos de contención social que aseguren unos cuantos años más de estabilidad sistémica, pero que no implicarán un cambio del modelo económico.

La comparación con lo ocurrido a mediados de la década de los 1920 es provechosa. Tanto el proyecto reformista de Arturo Alessandri Palma, plasmado en la frondosa legislación social de 1924 y en la Constitución de 1925, como la acción de los oficiales jóvenes del Ejército a partir de la misma época, planteaban una “reforma por arriba” para impedir una revolución social de “los de abajo”. En un contexto mundial y nacional profundamente conmovido por la oleada revolucionaria europea que se extendió desde el epicentro ruso durante un quinquenio desde fines de la Primera Guerra Mundial, el sector más lúcido de la clase dominante chilena, especialmente su representación política de signo reformista, trató de implementar una estrategia de concesiones, diálogo, seducción y envolvimiento en dirección de la clase obrera y de los sectores populares, que se tradujo en numerosas leyes sociales y en la creación de mecanismos de conciliación y de arbitraje entre empresarios y trabajadores. Era una estrategia de conservación social que consistía, según las palabras del propio Alessandri en su Mensaje al Congreso Nacional en junio de 1921, en “propiciar las reformas necesarias, con espíritu elevado y sereno, para garantizar ante todo y sobre todo el orden público, la paz y la tranquilidad social”. A través del Código del Trabajo — concretado pocos años después durante la dictadura reformista de Carlos Ibáñez del Campo — se buscaría la “solución definitiva del problema relativo a la armonía entre el capital y el trabajo”. El resultado de esta política, prolongada y reformulada durante décadas, fue el Estado Asistencial y “de compromiso”, que fue acompañado desde fines de la década de 1930 de una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). El nuevo modelo, si bien posibilitó algunos logros importantes para las clases medias y populares junto a un desarrollo económico capitalista más diversificado, no acabó con la dependencia del capital y de la tecnología de las grandes potencias capitalistas. Terminó colapsando a comienzos de la década de los 1970, arrastrando al país a uno de sus peores dramas de la era republicana.

La principal similitud de la situación actual con aquella que se dio durante la década de 1920 radica en el esfuerzo de las élites políticas reformistas por salvar el sistema de dominación en crisis mediante reformas. Reformas, que si bien provocan cierta irritación en algunos “espíritus obcecados” — como los denominaba Alessandri Palma — representan un proyecto de conservación social en la medida en que no cuestionan las bases esenciales del sistema capitalista dependiente. De manera parecida que hace un siglo, se trata de otorgar algunas concesiones a los sectores subordinados a cambio de que estos acepten el orden sociopolítico existente (con reformas) y expresen sus demandas exclusivamente en sus canales regulados de participación. Un “nuevo pacto social” debía y debería, según los estrategas de estas políticas gatopardistas, asegurar la gobernabilidad sistémica durante un período relativamente largo. Pues bien, la principal diferencia política entre ambos momentos reside en la situación del movimiento popular. Hacia 1920 el movimiento obrero y popular se encontraba en una fase prolongada de acumulación de fuerzas y de radicalización política. Las corrientes anarquista y socialista/proto comunista venían ganando creciente influencia en su seno, lo que se reflejaba en la radicalización de numerosas organizaciones sociales y de poderosas centrales sindicales como la rama chilena de la anarcosindicalista International Workers of the World (IWW), la Federación Obrera de Chile (FOCH) y la Federación Obrera de Magallanes (FOM), fenómeno acompañado por grandes movimientos reivindicativos como los “mitines del hambre” de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN) en 1918 y 1919, y la “huelga larga” del carbón de 1920, por citar solo los más masivos y trascendentes. Las sucesivas crisis salitreras de la post Primera Guerra Mundial con su cortejo de miseria, despidos masivos, desocupación, fuerte caída de los salarios reales, carestía de la vida y hambre estimulaban el descontento social, aunque, simultáneamente, se alzaban como grandes obstáculos para mantener en pie las organizaciones sindicales. No obstante, las organizaciones clasistas resistieron y mantuvieron su actividad en este adverso contexto. El desafío que representaba este movimiento, y los poderosos influjos de la Revolución bolchevique de 1917 que también se hacían sentir en Chile, fueron respondidos con la política de reformas y el discurso populista del caudillo liberal Arturo Alessandri Palma, quien asumió la Presidencia de la República a fines de 1920.

Un siglo más tarde, el desafío para la clase dominante chilena y sus representaciones políticas no provino del debilitado movimiento obrero sino desde una heterogénea, dispersa y heteróclita masa de personas, organizaciones y movimientos de variada índole (juveniles, sindicales, medioambientalistas, estudiantiles, feministas, regionalistas, indigenistas, culturales, de Derechos Humanos, etc.) que se pronunciaron masivamente en todo el país (“estallido social”) contra las consecuencias del modelo neoliberal más extremista del mundo. Como esta verdadera rebelión popular era precariamente contenida con la feróz represión desatada por el gobierno de Sebastián Piñera, fue necesaria una respuesta política consensuada por la casta política parlamentaria, plasmada en el “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019. Este pacto, que abarcó desde la extrema derecha hasta sectores de “nueva izquierda” representados por el Frente Amplio (FA), evitó el colapso del gobierno de Piñera y abrió un proceso constituyente controlado por los poderes constituidos y regulado por el Parlamento, impidiendo el advenimiento de una Asamblea Constituyente libre y soberana, capáz de definir y fijar sus normas de funcionamiento y de aprobación de las mociones constitu-cionales. En ambos casos — primera mitad de la década de 1920 y comienzos de la década de 2020 — la fuerte represión estatal contra los sectores populares, insuficiente para aplastar el descontento y movilización social, fue complementada con astucia política orientada a disminuir la explosividad social y ganar un tiempo indefinido de gobernabilidad sistémica. Sabemos cuál fue el resultado de lo ocurrido hace un siglo, pero el proceso que se abrió hacia fines de 2019 es aún una historia en curso.

<strong>—</strong> <strong>¿Estima Ud. factible que el orden institucional guzmaniano que ha regido en Chile en las últimas cuatro décadas podrá ser cambiado de verdad? </strong><strong>¿</strong><strong>Existen</strong><strong> </strong><strong>condiciones</strong><strong> </strong><strong>sociales</strong><strong> y políticas que auguren expectativas reales </strong><strong>de</strong><strong> </strong><strong>cambios</strong><strong> </strong><strong>de</strong><strong> </strong><strong>fondo</strong><strong>?</strong>

<strong>—</strong> El resultado del plebiscito de salida del actual proceso constituyente es incierto. De ganar la opción Rechazo, propiciada por la derecha y, posiblemente, por algunos sectores del centro político, el “orden guzmaniano” se prolongará algún tiempo, pero seriamente averiado, probablemente herido de muerte, entre otras razones, porque su función — consolidar el orden neoliberal — ya se ha agotado y precisa de una “reparación”. Para perpetuarse, el sistema necesita renovarse, cambiar de normas y de personal político (caras nuevas, más jóvenes y atractivas), enarbolar nuevos principios capaces de generar adhesión ciudadana. Por ello, más temprano que tarde, el actual orden institucional deberá ceder el paso a nuevas reglas. La fórmula más audáz puede ser la nueva Constitución. Pero ella conlleva el riesgo para los sectores dominantes y dirigentes de la sociedad chilena de que los derechos proclamados (si el Apruebo triunfa), sean exigidos por la población mediante un nuevo ciclo de movilizaciones sociales. Declarar a Chile, , como “un Estado social y democrá-tico de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico”, constituido como “una República solidaria”, con una “democracia paritaria”, que “reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación ineludible con la naturaleza”, estableciendo que “es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”, significa la posibilidad de que en algún momento la población exija la realización práctica de estos principios y derechos. Como siempre, esto no dependerá de la letra de la Constitución sino de la capacidad del pueblo, especialmente de la clase trabajadora, de defender sus intereses frente a las pretensiones de hacer que dichos principios no sean más que una simple retórica de efectos sedativos.

<strong>—</strong> <strong>¿Cuáles, a Su juicio, deberían ser las iniciativas de impacto público que hagan una diferencia bien marcada entre la actual izquierda gobernante y las nefastas experiencias de los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría?</strong>

<strong>—</strong> Algunas de estas medidas están consignadas en el programa de la coalición Apruebo Dignidad. Se trata, por ejemplo, del derecho de los trabajado-res a la negociación colectiva intersectorial, esto es, más allá de los marcos de una empresa, que es la restrictiva norma actual. Sin embargo, la mayoría de las medidas que podrían marcar una diferencia nítida respecto a lo que fueron los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría no están o han dejado de estar en dicho programa. El actual gobierno no se propone realizar nacionalizaciones, de ningún sector estratégico de la economía para proveer al Estado los recursos que se necesitan para financiar el debido cumplimiento de los derechos sociales prometidos en la campaña electoral. Tampoco se vislumbra un aumento sustantivo del poder adquisitivo de los sectores populares y medios, pues la prometida alza del salario mínimo a $500.000 mensuales será escalonada en cuatro años, período en el cual la creciente inflación habrá anulado su efecto positivo. La persistencia de la crisis económica y las medidas antiinflaciona- rias — como la desmesurada elevación de las tasas de interés decretada por el Banco Central con el beneplácito del actual gobierno — tenderán a rebajar el nivel de vida no solo de los más pobres sino también de la mayoría de las capas medias. Por otro lado, el marcado giro conservador del gobierno de Boric se ve reflejado en su política ante los órganos represivos de Estado, en particular respecto de la desprestigiada y detestada policía de Carabineros de Chile, autora de innumerables violaciones a los Derechos Humanos, antes, durante y después del “estallido social”, además de cuantiosos fraudes y robos a las arcas fiscales. Boric abandonó su promesa de “refundación” de esta policía, cambiándola luego por “reformas” y en vísperas de asumir su cargo presidencial por “mejoras”. Una vez en el gobierno, su ministra del Interior, Izkia Siches, ha multiplicado las declaraciones y gestos de apoyo hacia esta institución policial, reforzando su capacidad represiva. Hasta ahora no se avizoran cambios en el comportamiento de los uniformados ante las protestas y movilizaciones sociales, lo que pone en evidencia el continuismo y no diferenciación en este plano con los anteriores gobiernos de “centroizquierda”, ni tampoco con los de la derecha clásica. Otra medida que podría marcar una diferencia importante con respecto a los gobiernos concertacionistas y de la Nueva Mayoría, sería la instauración de un verdadero sistema de seguridad social (pensiones), en base a los principios defendidos por el movimiento No más AFP, y de un sistema nacional de salud que, garantice atención médica oportuna, gratuita y de calidad conforme a los estándares de los Estados benefactores. No obstante, las ambigüedades e incertidumbre rodean estas y otras promesas, lo que se agrava por las dificultades económicas, la debilidad política de la coalición gobernante (no tiene mayoría en el Congreso Nacional) y la intransigencia de los sectores reaccionarios. La sombra de un gobierno tipo Concertación 3.0 se cierne sobre la administración de Boric.

<strong>—</strong> <strong>Lo más sobresaliente en las experiencias políticas de la izquierda chilena en el siglo XX fueron las alianzas entre las principales fuerzas políticas de entonces (Partido Socialista, Partido Comunista). </strong><strong>¿</strong><strong>Podría</strong><strong> </strong><strong>considerarse</strong><strong> a </strong><strong>la</strong><strong> actual unidad política del sector </strong><strong>—</strong><strong> Frente Amplio y Apruebo Dignidad </strong><strong>—</strong><strong> como una opción con proyecciones similares? ¿Cuáles serían los problemas pendientes de superar? ¿Cree Usted que la experiencia del gobierno de Boric aportará algo al futuro de la izquierda </strong><strong>tanto</strong><strong> </strong><strong>chilena</strong><strong> </strong><strong>como</strong><strong> </strong><strong>regional</strong><strong>?</strong>

<strong>—</strong> En este aspecto casi no hay punto de comparación entre lo sucedido durante buena parte del siglo XX y la situación actual. Entre mediados de la década de 1930 y comienzos de la de 1970, el Partido Socialista y el Partido Comunista se levantaron como poderosas organizaciones que, en conjunto, alcanzaban la representación política mayoritaria de los trabajadores y de otros sectores populares. Ambos partidos hoy están muy disminuidos en este plano, especialmente el Partido Socialista por su largo compromiso con las políticas neoliberales, aunque mantiene una representación parlamentaria importante y ha logrado introducir a varios de sus dirigentes al nuevo gobierno sin integrar formalmente, la coalición de Boric. Por otra parte, el posicionamiento bastante conservador de los socialistas en la Convención Constitucional ha significado un nuevo alejamiento entre estos partidos que, por lo demás, no son el eje del nuevo gobierno. De modo que nada indica que entre el Partido Comunista y el Partido Socialista puede concretarse una alianza estrecha que sirva de base para la “unidad de la izquierda”, tanto por la pérdida de representatividad (otros sectores han entrado a disputar su hegemonía de antaño), como por la fragilidad de la alianza contraída entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Si el gobierno de Boric confirma y acentúa una orientación conservadora, el Partido Comunista se verá fuertemente tensionado en su interior y, de no mediar un claro distanciamiento frente a políticas antipopulares, corre el riesgo de perder el apoyo y la representación de los sectores que lo perciben como la izquierda de la coalición gobernante. Es probable que la experiencia del gobierno de Boric se inscriba en una línea de continuidad con la mayoría de los gobiernos “progresistas” latinoamericanos de las últimas décadas que suscitaron grandes esperanzas, implementaron algunas reformas, especial-mente políticas redistributivas, pero que no se alejaron de los modelos extractivistas ni alteraron de manera durable la distribución del poder.